En un audaz movimiento geopolítico, Venezuela ha asignado una cifra sin precedentes de 622.232.515 euros para intensificar su presencia estatal en la frontera con la Guayana Esequiba, un territorio en disputa con Guyana, que actualmente administra la región. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, subrayó esta asignación al presentar el presupuesto ante los diputados, resaltando que es la primera vez que se incluye una partida específica para la Guayana Esequiba.
Este monto sin precedentes ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, y forma parte del presupuesto total de 2024, que asciende a 20.521 millones de dólares, marcando un aumento significativo del 77,44% con respecto al presupuesto de 2023. Este incremento notable precede a las elecciones presidenciales programadas para el próximo año en Venezuela.
El proyecto denominado «Consenso nacional: derechos históricos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba» requiere una inversión considerable de 25.720.533.723 bolívares, según la tasa oficial actual. Entre sus objetivos específicos, destaca el propósito de «incrementar la capacidad logística, operacional y de infraestructura» en la zona limítrofe con la Guayana Esequiba, para lo cual se destinarán casi 678 millones de dólares.
Además, el gobierno venezolano asignará recursos, entre otros fines, para «recopilar pruebas históricas, jurídicas, geográficas y políticas» relacionadas con la disputa territorial, así como más de 40 millones de dólares para «establecer diálogos con Guyana», un proceso que comenzó formalmente el jueves pasado.
El jueves, los presidentes Nicolás Maduro e Irfaan Ali acordaron en San Vicente y las Granadinas una declaración conjunta comprometiéndose a no amenazarse ni utilizar la fuerza en relación con este conflicto. Este paso sigue a días de tensión tras las decisiones unilaterales anunciadas por Venezuela, que apuntaban a la anexión de un territorio de casi 160,000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el discurso se suavizó después de la reunión presidencial, auspiciada por líderes regionales, especialmente el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.