La Asamblea Nacional sancionó en segunda discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, abriendo paso a la inversión privada para grandes consumidores mientras mantiene esquemas de subsidio residencial.
Carúpano.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 10 de noviembre, en segunda discusión, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, instrumento legal que establece la indexación de las tarifas del servicio a la moneda de mayor valor publicada en el país.
Durante la sesión parlamentaria, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, explicó que el nuevo esquema tarifario busca actualizar los costos operativos del sistema, aunque aseguró que se mantendrán mecanismos de subsidio destinados a los usuarios y sectores económicos que no puedan cubrir el monto total de la facturación.
Participación privada sin privatización del sistema
Al detallar el alcance de la normativa, Rodríguez sostuvo que la reforma no implica la privatización del sector eléctrico nacional, sino que habilita legalmente la incorporación de capital privado en áreas específicas como la generación, importación y comercialización de energía.
Según precisó el titular del Parlamento, esta apertura estará orientada principalmente a atender la demanda de grandes consumidores, entre los que destacan complejos industriales y centros comerciales en todo el territorio nacional.
Impacto y próximos pasos de la ley
El proyecto de reforma que modifica artículos de la legislación vigente e incorpora nuevas disposiciones, había sido aprobado en primera discusión en junio de 2026 y atravesó varios diferimientos para su revisión técnica en comisión.
Para los comercios, industrias y hogares de Carúpano y el eje de Paria, la entrada en vigencia de esta ley marcará el nuevo marco de cálculo para las facturas del servicio eléctrico, quedando pendiente únicamente la publicación de los tabuladores de subsidio correspondientes.
Tras recibir la sanción definitiva en el hemiciclo, el texto legal será remitido al Ejecutivo Nacional para su promulgación y posterior publicación en Gaceta Oficial.
