Un grupo de ciudadanos, “miembros activos de la sociedad venezolana, muchos hoy en la diáspora o en el exilio”, señalaron que la Comisión Nacional de Primarias, siendo un ente para instrumentar un evento de la oposición, “mucho menos puede someterse a las reglas que le imponga el referido Consejo Nacional Electoral ilegítimo, ni solicitar, en consecuencia, ninguna clase de acompañamiento técnico a ese ente, como, desafortunadamente, ya lo ha hecho”
En un comunicado urgente, un grupo de ciudadanos, “miembros activos de la sociedad venezolana, muchos hoy en la diáspora o en el exilio”, se dirigieron a la opinión pública, a la Comisión Nacional de Primarias y a la Asamblea Nacional de 2015, exigieron a los diputados de ese Parlamento desconocer al Consejo Nacional Electoral (CNE), “porque fue nombrado por una Asamblea Nacional usurpadora y todos sus actos son nulos”.
Los que suscriben el comunicado fundamentan su posición en en al acuerdo de la Asamblea Nacional de 2015, fechado el 9 de diciembre de 2020, en el que se lee que se rechaza “cualquier resultado que el régimen pretenda dar por válido sobre la elección de diputados de la Asamblea Nacional y, particularmente, la proclamación de supuestos candidatos electos quienes deberán ser considerados usurpadores en el ejercicio de la función parlamentaria haciendo ineficaz y nulas sus actuaciones”.
Los firmantes recordaron que “en las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en 2018, los partidos que se proclamaban opositores al régimen de Nicolás Maduro se negaron a participar porque consideraron que no había condiciones justas para una contienda electoral, en la República Bolivariana de Venezuela”.
Destacaron que “la misma ausencia de condiciones para una contienda electoral auténtica y justa persistía en 2020, por lo que la elección de un nuevo ente legislativo el 6 de diciembre de ese año, no fue auténtica, de forma tal que la Asamblea Nacional producto de esa elección, tampoco fue legítima y no representó al pueblo venezolano”.
“De esa supuesta nueva Asamblea Nacional 2020 devino, a su vez, el nombramiento, el 4 de mayo de 2021, de Alexis Corredor Pérez, Tania D’Amelio, Enrique Márquez, Pedro Calzadilla y Roberto Picón, como rectores de un CNE ilegítimo”, agregaron.
No pedirle ayuda al CNE
Asimismo, señalaron que la Comisión Nacional de Primarias, siendo un ente para instrumentar un evento de la oposición, “mucho menos puede someterse a las reglas que le imponga el referido CNE ilegítimo, ni solicitar, en consecuencia, ninguna clase de acompañamiento técnico a ese ente, como, desafortunadamente, ya lo ha hecho”.
“Unas elecciones auténticas, justas, libres y transparentes, como salida a la crisis que viven los venezolanos y la reinstitucionalización del país, no pueden ser controladas por un ente que fue designado por el propio régimen que urge que sea desplazado del poder”, indicaron”.
CNE en el exilio
Finalmente, indicaron que acudieron al Tribunal Supremo Legítimo en el exilio para solicitar se dote de un CNE ad-hoc que pueda llenar el vacío que existe en materia de rectoría electoral: «Que haga posible el derecho de todos los venezolanos, también los que están fuera de Venezuela, a participar en elecciones auténticas, y que funcione en el exilio, para que sus miembros no sean amenazados y su autonomía no se vea comprometida, como en efecto sucedió con los magistrados de ese mismo Tribunal Supremo de Justicia, obligados a emitir sus decisiones desde el exilio por la persecución que Maduro destacó en su contra”.
«Es nuestro deber insistir en que la designación de un ente electoral ad-hoc en el exilio, ofrecerá la confianza necesaria a los venezolanos, al asumir la competencia reglamentaria para la organización de las elecciones o consultas pertinentes, sin la interferencia y/o la mediatización de los actuales factores en pugna política, pues eso fue, precisamente, lo que el Constituyente quiso evitar al establecer nuestro derecho a la participación política, derecho humano que está siendo gravemente ignorado. De un ente fraudulento nunca podrá surgir una institución legítima, y de allí la responsabilidad histórica de la sociedad civil venezolana, para consigo misma, en reclamar su ejercicio”, concluyeron.