Los presidentes Mario Abdo Benítez de Paraguay y Luis Lacalle Pou de Uruguay expresaron su descontento y preocupación ante la reciente descalificación política de María Corina Machado, la opositora venezolana, en la reciente cumbre del Mercosur.
El ataque a los derechos humanos en la lupa del Mercosur
Durante el evento semestral de líderes del Mercosur, que tuvo lugar en Puerto Iguazú, Argentina, Abdo Benítez se refirió al caso de la líder del partido Vente Venezuela como un «crudo golpe a los derechos humanos». Destacó que las prohibiciones políticas a través de procedimientos administrativos siempre deberían ser objeto de sospecha y legalmente inválidas. Además, indicó que los derechos humanos garantizan que solo los jueces penales, a través de un debido proceso, pueden limitar la participación mediante condenas.
Abdo Benítez enfatizó: «Vemos una violación de los derechos del pueblo venezolano y de María Corina Machado, lo cual daña el corazón de la democracia venezolana. A Paraguay no le importa la filiación política de los líderes de sus socios, siempre y cuando hayan sido elegidos por su pueblo», dijo el líder paraguayo.
Un llamado a la acción de Mercosur
Por su parte, Lacalle Pou hizo un llamado a los Estados a levantar su voz contra las acciones del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Manifestó que la inhabilitación de Machado es un obstáculo claro para que Venezuela pueda transitar hacia una democracia completa.
El líder uruguayo declaró: «Haríamos un mal servicio al pueblo de Venezuela si no levantamos nuestra voz como dice el presidente Abdo… Creo que el Mercosur necesita enviar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda moverse hacia una democracia plena que no tiene hoy».
María Corina Machado: una voz silenciada
María Corina Machado, quien se había registrado para participar en las elecciones primarias de octubre en Venezuela con la intención de enfrentarse al partido oficialista en las elecciones presidenciales de 2024, ha sido recientemente descalificada para contender por un cargo público durante los próximos 15 años. Esta decisión ha levantado una ola de críticas y manifestaciones de preocupación en el escenario político regional.