[responsivevoice_button voice=»Spanish Latin American Female» buttontext=»Escuchar la entrada»]
A principios de enero, la Administración de Biden decidió ampliar una polémica normativa sanitaria, conocida como Título 42 para permitir las expulsiones en caliente en la frontera de personas provenientes de Nicaragua, Cuba y Haití.
Además de estas tres nacionalidades, los venezolanos también comenzaron a ser expulsados a México bajo esta restricción desde el pasado octubre.
En paralelo a las mayores restricciones al derecho al asilo en la frontera, el Ejecutivo de Joe Biden también creó un programa de permisos humanitarios para las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Según datos del funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, a 31 de marzo 55.000 cubanos, nicaragüenses y haitianos recibieron autorización de viaje. Para los venezolanos, más de 40.000 han sido autorizados desde octubre y hasta marzo.
Cerca de 15.000 cubanos, más de 18.000 haitianos, más de 7.500 nicaragüenses y más de 32.000 venezolanos ya han llegado legalmente a Estados Unidos a través de estos procesos.
“Desde el anuncio del presidente en enero, los arrestos en los puertos de entrada en la frontera suroeste han disminuido drásticamente. El uso exitoso de estos procesos demuestra claramente que los no ciudadanos prefieren utilizar un camino seguro, legal y ordenado a los Estados Unidos si hay uno disponible, en lugar de poner sus vidas en manos de contrabandistas despiadados”, agregó.
El uso del Título 42 por parte del Gobierno de Biden ha sido criticado ampliamente por organizaciones de derechos humanos e incluso algunos miembros del Partido Demócrata.
A finales de enero, un grupo de 80 congresistas demócratas, encabezado por el senador Robert Menéndez, pidió al Ejecutivo dar marcha atrás a la decisión de expulsar a las personas de Cuba, Nicaragua y Haití que crucen de forma irregular la frontera con México.
El Gobierno de Biden se ha defendido de las críticas al uso del Título 42 asegurando que debe seguir aplicando esa normativa por orden del Tribunal Supremo.
La regla, heredada del mandato del expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), ha permitido más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020, según datos de la organización International Rescue Committee.
EFE